Una moción para regular el IBI, otra para aplicar una moratoria turística en la Villa y una pregunta sobre el patrimonio del Ayuntamiento en materia de vivienda, todas a instancias de Asamblea por La Orotava, acapararon ayer el debate en el pleno de La Orotava, en el que se dejó claro que la vivienda es uno de los principales problema de la población.
Sin embargo, los grupos políticos no coincidieron en las formas para intentar ponerle solución aunque las competencias municipales para implementar medidas en este sentido sean escasas. Así, la primera iniciativa fue rechazada por considerar que reduce la puesta de vivienda en el mercado y no cuenta con informe favorable de Tesorería ni jurídico.
Respecto a la segunda, y apoyada solo por el PSOE, el concejal de Urbaniso, Narciso Pérez, explicó que “el Ayuntamiento no ha dado licencias porque no están contempladas en el Plan general”. Añadió que “hay que elaborar el diagnóstico que marca la ley y a partir de ahí trabajar en la ordenanza para definir cuántas viviendas vacacionales debe haber en el municipio y en qué zona” y por lo tanto, “no es necesario implantar ninguna moratoria”.
El inventario de viviendas sociales lo detalló el concejal de Hacienda, Felipe David Benítez, quien confirmó que el Consistorio dispone de 72 inmuebles ubicados en calle La Vera/Magistrado Barrera (10); San Andrés (12); Huerta del Moral (9); Madres del Barrio (9), Paseo Domínguez Afonso (1); La Perdoma (6); calle San José (18); Pino Alto (1); Los Frontones (2); calle Taoro número 48 (2); La Dehesa Baja número 23 (1) y uno en el edificio Carmat I en Puerto de la Cruz.
El Pleno acordó aprobar una moción institucional para elevar la edad de prohibición en la venta de bebidas energéticas y vapeadores a menores de 18 años. Todos los grupos coincidieron en que es alarmante el consumo temprano pese a las terribles consecuencias que tienen para la salud y la salud mental y por lo tanto, es hace necesario la adopción de determinadas medidas. Entre ellas, se encuentran el incrementar las campañas municipales de información y sensibilización con los centros educativos, Ampas y asociaciones juveniles y sanitarias; recomendar a los establecimientos comerciales que dispongan estos productos separados de los convencionales; y limitar la propaganda de los vapeadores.
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