La vivienda en Canarias ha dejado de ser un problema exclusivamente social para transformarse en una “vía de agua” que amenaza con hundir la economía regional. La CEOE Tenerife ha lanzado una alerta contundente: el Archipiélago arrastra un déficit estructural de 37.600 viviendas, una carencia que ya actúa como un obstáculo insalvable para el crecimiento, la creación de puestos de trabajo y la estabilidad social.
El informe Monitor de la Economía Canaria presentado por la patronal revela una realidad que miles de ciudadanos sufren a diario. Ya no se trata solo de la dificultad para acceder a una propiedad; la tensión del mercado residencial está bloqueando el mercado laboral, impidiendo que las empresas puedan atraer o retener a trabajadores ante la imposibilidad de estos para encontrar un techo asequible.
Un desequilibrio que dispara los precios
La aritmética del colapso es sencilla pero devastadora. Según la patronal, la demanda potencial en las Islas crece a un ritmo de 10.000 hogares anuales, mientras que la construcción apenas alcanza las 2.500 unidades. Este desfase histórico explica el 40% del encarecimiento que han sufrido los inmuebles en los últimos tiempos.
Desde la CEOE señalan que no es un repunte puntual. Es el resultado de un bloqueo prolongado en la producción residencial debido a:
- La alarmante falta de suelo finalista.
- Una burocracia asfixiante que retrasa licencias años.
- La inseguridad jurídica que frena a los promotores.
El fin del ascensor social: trabajar ya no es suficiente
Uno de los puntos más alarmantes del diagnóstico es la pérdida de capacidad adquisitiva. Canarias presenta salarios medios inferiores a la media nacional, pero el esfuerzo para pagar una vivienda supera ya todos los umbrales de riesgo recomendados. El resultado es una creciente vulnerabilidad que afecta directamente al consumo y al ahorro de las familias canarias.
La falta de Vivienda de Protección Oficial (VPO) ha agravado la situación. Al no haber oferta pública, las rentas más bajas se ven obligadas a competir en el mercado libre, lo que genera un efecto inflacionista que termina expulsando incluso a quienes tienen un empleo estable.
Urgencia de medidas drásticas
La CEOE Tenerife exige que la vivienda se sitúe como la prioridad absoluta en la agenda política. La patronal reclama agilizar licencias, liberar suelo y activar una inversión pública y privada masiva para evitar que la crisis habitacional siga lastrando el futuro de las Islas.
“Sin vivienda se resiente el empleo, la competitividad y la cohesión social”, concluye la patronal. Resolver este déficit de más de 37.000 casas no es solo una cuestión de ladrillos, sino una condición indispensable para la supervivencia económica del Archipiélago.
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