Canarias acabó el año 2025 con casi 20.000 plazas menos de viviendas vacacionales comercializadas, un descenso interanual del 9,3% que se produce por primera vez desde el año 2020. Hasta ese momento, el crecimiento había sido sostenido, de una media de 18.000 plazas más al año.
La intensificación de los controles sobre la oferta irregular a través de acuerdos del Gobierno de Canarias con las principales plataformas turísticas, y la regulación, en especial, el registro único de alquileres de corta duración, de ámbito nacional, parecen ser decisivas en esta caída. La reciente entrada en vigor de la ley canaria que regula el alquiler vacacional, el pasado 13 de diciembre, también ha influido, pero en menor medida, dado el poco tiempo que lleva aplicándose.
Al cierre del pasado año, las Islas disponían de una oferta de 193.429 plazas alojativas en 47.117 viviendas vacacionales, cifras que contrastan con las 213.284 plazas que se ofrecían en un total de 50.398 viviendas de un año antes, según los datos del Istac, que tienen en cuenta los inmuebles que se ofertan en plataformas digitales de intermediación. Tenerife concentra casi la mitad del descenso, con unas 8.500 plazas menos.
El viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manuel Sanabria, explica que, si bien resulta precipitado hacer un primer balance de los efectos de la ley canaria, sí se ha producido “un efecto de contención en 85 de los 88 municipios, al carecer de planeamiento específico vinculado a la vivienda vacacional, ya que solo Granadilla, Las Palmas de Gran Canaria y Pájara, en Fuerteventura, tienen regulada esta actividad en el ámbito municipal”.
Pese al poco tiempo transcurrido, los apuntan a un descenso sostenido, ya que desde la entrada en vigor de la ley y hasta finales de enero, unas 220 viviendas vacacionales se habían dado de baja en el registro. “Cada semana se producen bajas administrativas, lo que supone un cambio de tendencia en relación con el periodo anterior”, explicó el viceconsejero, que añadió que en muchos casos son inmuebles sin actividad económica real, que se dieron de alta con carácter precautorio en busca de alguna ventaja. En otros casos, la baja viene dada por el encarecimiento del agua o la basura turística que, al no estar comercializando la vivienda como tal, no compensa el gasto y, también hay una parte de oferta irregular que puede temer algún tipo de control o inspección.
Por su parte, Jorge Marichal, presidente de la patronal Ashotel, achaca a varios factores el descenso de viviendas vacacionales comercializadas, si bien destaca el registro único, que se instauró hace un año, como clave para que “mucha de la oferta que estaba ilegalmente en plataformas comercializadoras a nivel internacional haya tenido que desaparecer”. También alude a la reciente ley canaria, “que facilita que haya una vivienda vacacional ordenada, que cumpla con los estándares, que sea solidaria también en el empleo, al igual que el resto del sector turístico, y que ayude a que Canarias siga siendo uno de los primeros destinos turísticos internacionales”.
La pasada semana, el Ministerio de Vivienda notificó o a las plataformas online la existencia de 86.275 viviendas turísticas y ilegales, que no cumplen los requisitos establecidos para el registro de alquiler turístico, para que retiren sus anuncios. De ellas, 13.726 están en Canarias, por lo que es previsible que en los próximos meses este descenso de la oferta en las Islas se acentúe.
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