El anuncio de un cambio en el modelo de gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), realizado el martes por la concejala de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Charín González, y que se llevará hoy a aprobación del Pleno municipal, ha sentado como un jarro de agua fría entre las casi 300 auxiliares contratadas por Atende, empresa hasta ahora adjudicataria. Las trabajadoras, a las que “nadie” ha informado oficialmente, temen quedarse en el paro con la puesta en marcha de la nueva prestación, que permitirá a los usuarios elegir empresa dentro de la bolsa autorizada por el Gobierno de Canarias.
La nueva gestión del SAD, que entrará en vigor a mediados de mayo, facilitará a personas dependientes o vulnerables optar entre dos modelos para recibir la ayuda domiciliaria, previa valoración de las trabajadoras sociales. Por una parte, podrán recibir atención a domicilio a través del contrato directo entre el Consistorio y la adjudicataria, o bien optar a una Prestación Económica de Asistencia Social (PEAS), que tendrá una cuantía de cerca de 16.000 euros por persona (22 euros por hora de servicio), la cual se abonará por pago indirecto a la entidad elegida por el beneficiario.
Los sindicatos USO, Comisiones Obreras e Intersindical Canaria, integrantes del comité de empresa del SAD, calificaron ayer de “actitud dictatorial” el anuncio de la concejala del área al respecto, “pues la comunicación del Ayuntamiento ha sido cero”. Por ello, pidieron a la edil que “se reúna con la empresa para que explique qué pasará con las trabajadoras, ya que las PEAS podrán quitarnos usuarios que atender, al dar la posibilidad de que elijan empresas, y por tanto muchas vamos a sobrar. Nos tiene que dar tranquilidad con nuestros puestos de trabajo”.
Al respecto, indicaron que “no es lógico que hayamos tenido conocimiento de esta información a través de los medios de comunicación, pues como empleadas del SAD no conocemos en detalle qué implicaciones podrá tener este nuevo modelo para las trabajadoras y para el servicio. Hasta la fecha, el propio Ayuntamiento se ha negado a mantener reuniones y canales de comunicación con la representación legal de las empleadas, lo que dificulta poder disponer de información clara y directa. Todo parece apuntar a que ocurrirá lo mismo que a las auxiliares de Mararía, que estuvieron sin cobrar durante años por una jugada similar del Ayuntamiento”.
Por otra parte, el comité de empresa del SAD insistió en que la falta de información sobre la nueva gestión no solo afecta a las trabajadoras, sino a los usuarios, pues “a los 1.400 que atendemos, más los 50 en lista de espera, tampoco se les ha comunicado que si se acogen a las PEAS van a tener que declarar a Hacienda, Por tanto, este cambio se ha gestado de una manera encubierta y sin previo aviso”.
Deuda
Los sindicatos recordaron que la actual empresa “también dio un ultimátum al Consistorio por el impago de la deuda contraída, que asciende a 9 millones de euros. Ahora, la concejala ha dicho que se ha autorizado el abono de 6 millones, pero quedan 3 millones sin pagar. Por tanto, la deuda no está saldada y esta situación repercute también en nuestro salario”.
“No somos chicas de la limpieza, pero parece que la edil se olvida”
Los sindicatos USO, CC.OO. e IC, integrantes del comité de empresa del SAD, criticaron ayer que en el nuevo modelo de gestión se incluyan las limpiezas como funciones de las trabajadoras. “No somos chicas de la limpieza, somos auxiliares sanitarias, y hasta la propia concejala de Políticas Sociales lo ha reconocido, aunque parece que ahora lo olvida. Le recordamos que este tema está judicializado, aparte de que ha sido denunciado ante la Diputación del Común”.
El comité de empresa se reunirá el próximo día 14 con la empresa para abordar las posibles consecuencias hacia las trabajadoras ante los cambios en la gestión del servicio
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