“Canarias tiene la oportunidad de consolidarse como un nodo atlántico de atracción de talento y mano de obra, reconociendo que su futuro bienestar depende de quienes llegan desde fuera para construirlo desde dentro”. Con estas palabras concluye el informe sobre la participación de la migración en el mercado de trabajo en Canarias, elaborado a principios de año por el grupo de investigación de la Cátedra Juan Miguel Sanjuán. El estudio es claro: el Archipiélago depende de los foráneos para sostener tanto su economía como su sistema social. Una afirmación contundente que, en el actual contexto de regularización extraordinaria -según estimaciones, podría permitir a unas 40.000 personas que se encuentran en las Islas residir y trabajar legalmente-, permite arrojar luz frente a los bulos y discursos de odio.
En un territorio envejecido -según el INE, Canarias alcanzó en 2025 su máximo histórico, con casi 150 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16-, la llegada de población extranjera en edad activa se perfila como un mecanismo clave para rejuvenecer la sociedad y reforzar las cuentas públicas. “El relevo generacional en el mercado de trabajo es matemáticamente imposible sin el aporte exógeno”, señalan desde la Cátedra. De misma manera, el economista y director de Consultoría de Corporación 5 José Miguel González, explica que “la migración es un factor determinante en el crecimiento económico y presenta un saldo positivo: aporta más de lo que consume”.
Medidas como la impulsada por el Gobierno para regularizar a unas 500.000 personas en todo el país -el 83,5% en edad laboral- suponen una oportunidad para dinamizar el mercado de trabajo. Este mecanismo podría tener efectos a corto plazo: “Probablemente se produzca un incremento puntual de la tasa de paro, ya que no todas estas personas accederán a un empleo de forma inmediata”, señala González. Sin embargo, también destaca su potencial para aflorar parte de la economía sumergida, lo que se traduciría en “más derechos no solo para estas personas, sino para el conjunto de la sociedad, ya que comenzarían a tributar y, por tanto, aumentaría el acceso a recursos públicos”.
Precisamente, la economía sumergida representa un obstáculo para el desarrollo del territorio. Según datos del Gobierno de Canarias, en 2019 llegó a suponer aproximadamente el 28% del PIB del Archipiélago. La rigidez, lentitud y complejidad de las políticas migratorias y laborales en España actúan como cuellos de botella que alimentan esta economía informal, dejando fuera del sistema a un gran volumen de trabajadores.
El mito del desplazamiento laboral
Uno de los discursos más extendidos desde las posturas anti-inmigración es el del supuesto robo de empleo por parte de los extranjeros a la población local. Sin embargo, las conclusiones de la Cátedra Juan Miguel Sanjuán apuntan en otra dirección: en la mayoría de los casos, “la mano de obra foránea se concentra en nichos específicos, complementando a la local o sustituyéndola en aquellos empleos que los nativos rechazan”.
Según los datos de la Seguridad Social, en Canarias hay alrededor de 140.956 personas afiliadas de origen extranjero. Dentro de este colectivo, el sector de la hostelería destaca claramente, con 53.325 trabajadores. “La recuperación extraordinaria del turismo en 2023 y 2024, con cifras récord de visitantes, ha llevado al límite las plantillas de hoteles y restaurantes. Como respuesta, el mercado laboral ha recurrido de forma significativa a la contratación de trabajadores de fuera”, explica la Cátedra.
En la construcción se registraron el pasado mes 9.373 foráneos, de los cuales el 67,85% son ciudadanos no comunitarios. Se trata de un sector con fuerte demanda -tanto en obra pública como residencial y turística- pero con escasez de mano de obra cualificada. “La generación que protagonizó el boom inmobiliario de los 2000 se está jubilando, y los jóvenes locales no están accediendo a estos oficios”.
Una situación similar se observa en el sector primario, que afronta una “crisis crónica” de disponibilidad de trabajadores locales. “A pesar de las altas tasas de paro en las Islas, muchas ofertas de empleo para la recolección quedan desiertas entre los nacionales debido a la dureza y su carácter estacional”. En este ámbito, llama la atención la baja afiliación de extranjeros (567), lo que refleja la incidencia del empleo irregular, especialmente entre trabajadores marroquíes y subsaharianos que sostienen el campo canario. “Sin ellos, la capacidad exportadora del sector primario se vería comprometida irreversiblemente”, alertan.
Además, el envejecimiento de la población está aumentando la demanda de cuidados, que se enfrenta a una oferta pública de plazas sociosanitarias claramente insuficiente. “Este desajuste se compensa mediante el mercado privado de los cuidados en los hogares, un sector dependiente de mujeres migrantes, principalmente latinoamericanas, que desempeñan su labor en condiciones de precariedad y aislamiento”.
La realidad es que “el mercado laboral canario absorbe y necesita volúmenes de mano de obra que superan con creces las cifras de llegadas irregulares”. Estos flujos implican sin embargo un esfuerzo adicional por parte de los servicios públicos para gestionar el aumento de población. “La percepción pública a veces vincula erróneamente la saturación de servicios con la migración, cuando a menudo responde a una falta de planificación de la inversión pública ante un crecimiento demográfico previsible”. Algo que también resulta clave en el ámbito de la vivienda. Como apunta José Miguel González, “la mano de obra no se atrae solo con salarios, sino también con condiciones de vida adecuadas en un territorio limitado como el de Canarias”.
Posverdad
El economista destaca otro impacto positivo de los flujos migratorios: la redistribución de riqueza hacia países en desarrollo. “Ante la insuficiencia de políticas institucionales de cooperación, son las propias familias las que intentan corregir este desequilibrio”. Un fenómeno que en el pasado permitió transferencias desde Latinoamérica hacia Canarias y que hoy continúa, en gran medida, en sentido inverso.
Pese a ello, las trabas administrativas para acceder al empleo formal y la rigidez en la homologación de títulos -que condena a muchas personas cualificadas a la subempleabilidad- siguen limitando el crecimiento. En este contexto, las regularizaciones extraordinarias pueden mejorar la productividad. La de 2005, que regularizó a unas 600.000 personas en España, aumentó el empleo formal y elevó la recaudación en torno a 4.000 euros anuales por trabajador, sin un incremento relevante del gasto público.
En este sentido, el Consejo Económico y Social aportó el pasado año un dato revelador: los migrantes generan alrededor del 10% de los ingresos de la Seguridad Social y representan solo el 1% del gasto. Sin embargo, persisten algunos relatos infundados. “En la era de la posverdad no hace falta que las afirmaciones estén respaldadas por evidencia científica”, señala González. “Sin embargo, al final el dato mata al relato”, concluye.
El número de trabajadores extranjeros aumenta el 70% en diez años
En marzo de 2016, Canarias contaba con 82.711 afiliados a la Seguridad Social, cifra que diez años después asciende a 140.956, lo que supone un crecimiento del 70,42% en la década. En este proceso destaca el aumento de la población trabajadora extracomunitaria. Hace diez años, los afiliados de la UE eran 44.917 frente a 37.794 de fuera de la UE. Hoy la tendencia se ha invertido: los comunitarios alcanzan 58.105 afiliados, mientras que los extracomunitarios han crecido hasta 82.850. Actualmente, estos últimos representan el 58,8% de la fuerza laboral extranjera.
Además, se observan dos perfiles de empleo diferenciados según la procedencia. Los trabajadores extracomunitarios sostiene los motores tradicionales de la economía canaria, como la hostelería o la construcción, donde superan ampliamente a los comunitarios (6.359 frente a 3.013). En cambio, los trabajadores de la Unión Europea tienen mayor presencia en actividades de mayor cualificación, como las científicas, donde representan más del doble (3.173 frente a 1.386).
El estudio de la Cátedra Juan Miguel Sanjuán distingue también dos perfiles: los comunitarios, más diversos e incluyendo una “migración de estilo de vida” vinculada al clima, formada en muchos casos por jubilados o trabajadores remotos, y los extracomunitarios, concentrados en empleos de baja cualificación, con presencia destacada de Marruecos, Colombia y Venezuela.
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