La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, Jennifer Miranda, ha denunciado el “auténtico despropósito” vivido durante la celebración de un examen de oposición municipal, calificando lo ocurrido como “absolutamente incompatible con los principios de transparencia, igualdad y seguridad jurídica que deben regir cualquier proceso selectivo en la administración pública”.
Según los testimonios recabados, las personas aspirantes a 5 plazas de Trabajdor Social, funcionarios de carrera, tuvieron que consignar su nombre, apellidos y DNI en las propias plantillas de examen, lo que vulnera el principio de anonimato que debe garantizar la imparcialidad del proceso y evitar cualquier posible trato de favor en la corrección de los mismos.
A esta situación se suma el hecho de que, ante la negativa de poder llevarse la hoja de preguntas, cuestión fundamental para la autocorrección por los propios aspirantes y para posibles impugnaciones, se llegó a plantear la posibilidad de que los aspirantes fotografiaran el examen con sus teléfonos móviles, permitiendo así el uso de dispositivos que comprometen de forma directa la limpieza y fiabilidad de la prueba. Según una de las participantes en el proceso, esto causó una gran indignación puesto que “es imposible controlar a más de cien personas para saber si están fotografíando el examen o buscando las respuestas a alguna de las preguntas”. Para esta opositora, lo ocurrido el pasado 15 de abril era algo “que jamás había visto en ninguna de las oposiciones a las que me he presentado”.
Otra de los despropósitos, según relatan algunos de los participantes, fue la permisividad para ver el examen cuando esté aún no había sido entregado a todos los participantes, comprometiendo así la igualdad entre participantes.
Para Jennifer Miranda “ Es inconcebible que no existan ni las más mínimas garantías de control en una oposición pública donde cientos de personas aspiran a convertirse en funcionarios de carrera”, afirmó la portavoz socialista.
Además, subrayó que lo ocurrido “ha dañado seriamente la confianza de los aspirantes y la imagen del propio Ayuntamiento”, especialmente teniendo en cuenta el esfuerzo personal y profesional que implica la preparación de este tipo de procesos. “Hay personas que llevan años preparándose y merecen un proceso limpio, justo y con todas las garantías. Lo sucedido es una falta de respeto a todas ellas”, añadió.
Miranda también ha señalado que la respuesta municipal ante las quejas de decenas de aspirantes fue “claramente insuficiente”, lo que llevó a que muchos de los aspirantes decidieran abandonar el examen ante la falta de garantías, produciéndose solo entonces el aplazamiento de la prueba ante la amenaza de impugnación del proceso.
Ante la gravedad de los hechos, el PSOE de Granadilla exige la apertura inmediata de una investigación interna, la elaboración de un informe detallado de lo ocurrido y la adopción de medidas urgentes que garanticen que ningún proceso selectivo vuelva a desarrollarse en estas condiciones.
Asimismo, Jennifer Miranda reclama explicaciones públicas inmediatas por parte del gobierno municipal y la asunción de responsabilidades políticas al más alto nivel. En este sentido, Miranda afirma que solicitará la “dimisión de la concejal responsable del área de Recursos Humanos”, si no se ofrecen explicaciones convincentes ni se adoptan medidas claras.
“Cuando se quiebran de esta manera los principios básicos y fundamentales de un procedimiento público, no basta con aplazar el examen. Hay que explicar qué ha pasado, que medidas correctoras se van a tomar y quién va a asumir sus responsabilidades”, afirmó.
“Llevo muchos años vinculada a la vida municipal y jamás pensé que vería algo así en el Ayuntamiento de Granadilla. Permitir exámenes no anónimos, tolerar el uso de móviles y repartir las pruebas sin un mínimo control es sencillamente inaceptable. Quien no esté en condiciones de garantizar un proceso limpio no puede seguir al frente de responsabilidades públicas”, concluyó Jennifer Miranda.
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