El grupo municipal Más por Arona mostró ayer su preocupación tras admitirse a trámite un recurso interpuesto por la empresa que quedó en segundo lugar en el concurso del contrato, ya adjudicado hace semanas, sobre el mantenimiento de los edificios municipales y de las vías públicas del municipio, valorado en 10,6 millones de euros para cuatro años (2,67 millones anuales, con el IGIC incluido), cuya propuesta recayó en manos de la empresa Acciona Mantenimiento de Infraestructuras.
La formación integrada en la oposición sostiene que “esta incidencia compromete la estabilidad de un servicio esencial y la de su plantilla”.
Según la agrupación, los principales afectados son cerca de 60 trabajadores y trabajadoras adscritos al servicio, que “ven condicionados sus derechos laborales y su margen de negociación, así como el conjunto de los vecinos, que dependen de una prestación básica para el funcionamiento del municipio”. A su juicio, la incertidumbre “deriva de una tramitación apresurada y de una planificación insuficiente por parte del equipo de gobierno”.
Segundo contrato recurrido
Se trata del segundo gran contrato de servicios públicos que termina recurrido en poco tiempo. El primero fue el de mantenimiento de zonas verdes -cuyo expediente el Pleno tuvo que retrotraer en septiembre de 2025 tras detectarse un error en el cálculo del estudio económico vinculado a los costes de personal-. Para la formación, esta sucesión de incidencias “evidencia una gestión deficiente de la contratación por parte del tripartito que preside Fátima Lemes (PP), integrado también por CC y Vox”.
A esos dos expedientes, el grupo de Más por Arona añade la situación del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria, sobre el que viene denunciando desde el pasado mes de enero “presuntos y graves incumplimientos” por parte de la empresa concesionaria. La agrupación reprochó al Gobierno local no haber ejercido un “control efectivo” sobre la prestación, en perjuicio del interés general.
La formación reclamó al equipo de gobierno que “asuma su responsabilidad” y corrija el “rumbo en la gestión de los grandes contratos”, garantizando, según defendió, servicios públicos de calidad, transparencia en la tramitación y seguridad jurídica en los procedimientos. “Las consecuencias de los errores administrativos terminan recayendo sobre las plantillas y sobre la ciudadanía”, afirmó García.
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