El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha establecido las reglas del juego definitivas para una de las medidas más esperadas por miles de trabajadores en España: la regularización de los periodos de prácticas no remuneradas. Aquellos antiguos becarios que quedaron en un limbo administrativo durante sus años de formación tienen la oportunidad de sumar hasta cinco años (1.825 días) a su historial laboral.
Sin embargo, el procedimiento no es automático ni gratuito. Se trata de un reconocimiento que requiere una solicitud individual por parte del interesado y la firma de un convenio especial con la Seguridad Social. Para facilitar la recopilación de la documentación y evitar el colapso burocrático, el Gobierno ha ampliado el margen de maniobra: el plazo para formalizar la solicitud estará abierto hasta el 31 de diciembre de 2028.
¿Quiénes pueden solicitarlo y cuánto cuesta?
La normativa distingue entre diferentes periodos temporales para poder acogerse a esta regularización de la vida laboral:
- Prácticas no remuneradas: se podrán computar si se realizaron en periodos anteriores al 1 de enero de 2024.
- Otros programas formativos o de investigación: el límite se sitúa en etapas previas al 1 de noviembre de 2011.
Para “comprar” estos años de cotización de cara a la futura jubilación, el trabajador deberá abonar las cuotas no ingresadas en su momento. El cálculo de la cuantía se realiza tomando como referencia la base mínima del grupo 7 de cotización del año en el que se efectuaron las prácticas, aplicándosele un coeficiente reductor del 0,77.
Facilidades de pago hasta en 7 años
Con el objetivo de que el desembolso económico no resulte inasumible para los solicitantes, la Seguridad Social permite dos modalidades de abono. Los interesados pueden realizar un pago único con la totalidad de la cuantía o, por el contrario, optar por un pago fraccionado mensual.
En el caso del fraccionamiento, el plazo máximo para liquidar la deuda podrá extenderse hasta el doble de los meses que se vayan a recuperar, con un límite absoluto de 84 mensualidades (siete años). Con este amplio margen, el sistema público busca corregir un vacío histórico en el mercado laboral español antes de que venza el plazo definitivo en 2028.
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