El negocio clandestino de la fauna salvaje vuelve a poner en el punto de mira las conexiones de las mafias con Canarias. La Guardia Civil, en una intervención conjunta de gran envergadura, ha desarticulado una red criminal especializada en el tráfico de animales exóticos que operaba desde Sevilla y cuyo destino principal para la distribución de los ejemplares era Las Palmas de Gran Canaria.
La denominada Operación Zmija, coordinada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), se ha saldado con dos personas detenidas, ocho investigadas y la incautación de centenares de especies protegidas que iban a ser introducidas en el mercado negro insular.
Las alarmas saltaron en el Aeropuerto de San Pablo, en Sevilla, cuando los agentes de aduanas detectaron bultos sospechosos en una maleta de facturación ordinaria. Al abrir el equipaje, los investigadores descubrieron una escena dantesca: decenas de ejemplares vivos permanecían hacinados, sin ventilación ni medidas de seguridad biológica.
Ninguno de los ejemplares contaba con los certificados exigidos por el Convenio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), el tratado internacional regulador que protege a la fauna frente a la explotación comercial insostenible.
Freno al tráfico de animales exóticos hacia Canarias
A raíz de este hallazgo, los agentes tiraron del hilo y comprobaron que el entramado tenía una ruta fija de transporte ilegal que finalizaba en el territorio canario.
La organización criminal contaba con una estructura interna fuertemente jerarquizada. Para burlar los controles fronterizos y sanitarios obligatorios de la comunidad autónoma de Canarias, los líderes de la banda se valían de la colaboración activa de personal de empresas de paquetería no autorizadas.
Estos trabajadores, plenamente conscientes del contenido delictivo de los paquetes que gestionaban, aprovechaban un trato de favor dentro de sus respectivas delegaciones para tramitar los envíos prioritarios falsificando la documentación de transporte de los animales vivos.
De este modo, camuflaban especies exóticas de contrabando como si fuesen mercancía común o mensajería interna, poniendo en riesgo la biodiversidad del territorio insular.
Tras recabar las pruebas necesarias, el SEPRONA desplegó un operativo que incluyó cinco registros en viviendas particulares y tres inspecciones en naves industriales de la provincia andaluza.
El balance total de las incautaciones refleja la magnitud de esta red de tráfico de animales exóticos: 256 especímenes protegidos por CITES. Entre las especies rescatadas del maltrato animal se encontraban reptiles de gran tamaño como varanos de la sabana, ejemplares de caimanes de anteojos, una exótica iguana albina y llamativas ranas arbóreas de ojos rojos.
Delitos contra la flora, la fauna y contrabando en el mercado negro
Además de la fauna silvestre, las autoridades localizaron en el interior de los inmuebles 61 perros y 28 gatos de raza, los cuales estaban destinados a la cría masiva e ilegal en instalaciones que carecían de cualquier tipo de núcleo zoológico o autorización administrativa.
Los responsables explotaban a estos animales domésticos en condiciones insalubres con el único fin de maximizar los beneficios económicos en el mercado de mascotas clandestino.
Durante el registro domiciliario del principal cabecilla del grupo, la Guardia Civil intervino 56.965 euros en efectivo, dinero que se encontraba oculto en diferentes estancias de la vivienda y que procedía presuntamente de las últimas ventas directas efectuadas.
“La demanda creciente de animales exóticos en entornos urbanos favorece la expoliación directa del medio natural y fomenta la cría ilegal sin control veterinario“, recuerdan fuentes del instituto armado tras finalizar las diligencias de la Operación Zmija.
Esta práctica delictiva sistemática no solo destruye el hábitat de origen en terceros países, sino que supone una amenaza crítica para la supervivencia de las especies en peligro de extinción y un peligro de salud pública por la posible introducción de especies invasoras en ecosistemas tan frágiles como el de Canarias.
Las diez personas implicadas ya han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente acusadas de supuestos delitos contra la flora y fauna, contrabando, maltrato animal continuado y pertenencia a organización criminal.
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