Una madre británica de cuatro hijos ha desatado un intenso debate en el Reino Unido tras confesar públicamente que prefirió pagar una multa por absentismo escolar antes que costear un viaje familiar a Canarias durante las vacaciones de verano, según informa Daily Mail.
Charlotte Crouch, residente en la localidad de Exeter (Devon), argumentó que la decisión de sacar a sus hijos de clase durante cinco días fue una opción financiera “obvia” debido a los elevados precios de la temporada alta.
La mujer, de 36 años, calculó que reservar el viaje a las Islas el pasado 1 de junio en período escolar le supuso un ahorro de 2.500 libras esterlinas (unos 2.960 euros al cambio actual).
A pesar de ser honesta con la dirección del centro educativo, el Consejo del Condado de Devon le notificó el 30 de junio una sanción de 480 libras (aproximadamente 570 euros) por la ausencia injustificada de tres de sus hijos.
Al restar la multa, la familia de Exeter logró un ahorro neto superior a los 2.300 euros.
Un viaje familiar “educativo” y un ahorro necesario
La escapada a Gran Canaria tenía como objetivo celebrar el 25º aniversario de bodas de su padre y su madrastra, quienes planeaban renovar sus votos matrimoniales. Crouch justificó la decisión señalando que su marido trabaja en el sector agrícola, lo que imposibilita de manera habitual que puedan disfrutar de vacaciones familiares durante el mes de agosto.
“Sabía que me la iban a poner. Lo habíamos tenido en cuenta y era mucho más barato irnos de vacaciones y que nos multaran que viajar en período no lectivo”, explicó Crouch a través de sus redes sociales.
La madre defendió el valor didáctico del viaje frente al currículo tradicional: “No los sacaríamos de allí si estuvieran haciendo los exámenes GCSE (equivalentes a la educación secundaria obligatoria). No se estaban perdiendo tiempo escolar valiosísimo. En las vacaciones aprendieron a nadar, avistaron delfines en su hábitat natural y lidiaron con diferentes personas y rutinas”.
Las directrices del Reino Unido sobre el absentismo
La normativa estatal británica en materia de educación es estricta respecto al calendario escolar. Las corporaciones locales y los ayuntamientos ingleses aplican un marco sancionador nacional que estipula multas de 80 libras (unos 95 euros) por progenitor por cada menor que falte a clase sin justificación médica o causa de fuerza mayor.
Si la penalización económica no se abona en un plazo máximo de 21 días, el importe exigido se duplica. En caso de persistir el impago, los padres se exponen a un proceso judicial formal que puede acarrear multas superiores o antecedentes penales.
Por su parte, un portavoz del Consejo del Condado de Devon declinó valorar este caso particular, pero recordó las directrices vigentes de la administración británica: “Los centros escolares deben autorizar la ausencia de los alumnos durante el periodo lectivo caso por caso, y conceder permisos solo en circunstancias excepcionales. Según el Departamento de Educación, las vacaciones familiares no se consideran una circunstancia excepcional”.
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