En 1933 las mujeres en España votaron por primera vez en unas elecciones, un hito logrado gracias a la proclamación de la II República y una larga lucha por los derechos. Posiblemente en 1936 muchas personas pensaban que esos avances eran imposibles de perder. Ese entusiasmo se reflejó en la sociedad, en las urnas y en las instituciones. Durante los años de la República las mujeres irrumpieron con fuerza en la vida política isleña, logrando una representación y un peso que tardarían décadas en recuperar tras el golpe franquista.
En esta etapa la presencia de mujeres en el trabajo fuera del hogar, en el mundo académico y en los movimientos sociopolíticos, fue notable, a pesar de las limitaciones de una sociedad profundamente machista. Desde la política se quisieron tomar medidas para romper la brecha educativa existente entre mujeres y hombres, además de prohibir los asesinatos de mujeres por honor.
Ejemplos de esta dinámica fueron el decreto de 24 de junio de 1931, que reconoció el derecho de toda mujer a acceder a un trabajo remunerado, prohibiendo la excedencia forzosa por matrimonio. También tenemos el artículo 40 de la Constitución de 1931, que reconocía a las mujeres el legítimo derecho a ejercer una profesión, señalando que “Todos los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad”.
En febrero de 1933 llegaron las primeras alcaldesas en Canarias, la primera la tacorontera Baldomera García, una joven maestra en Ravelo, que ostentó el bastón de mando en El Sauzal. Poco después le seguirían Juana González González en Granadilla de Abona, María del Carmen Luengo y del Arco en Vallehermoso, Concepción García Suárez en Santiago del Teide y Juana García Rodríguez en el municipio de Artenara.
A pesar de esos avances, la mayoría de la sociedad seguía siendo profundamente tradicional y patriarcal, en especial los sectores más influidos por la religión católica. En 1933 los partidos conservadores ganaron esos comicios, principalmente por la división de las izquierdas y el desencanto ante incumplimientos políticos.
Algunos de los partidos centrales de este periodo defendieron abiertamente una vuelta de las mujeres al hogar, aunque con escaso éxito. Ese ideario posteriormente fue clonado por el franquismo, prohibiendo el acceso de mujeres a las carreras judicial, fiscal y aduanera, además intentaron favorecer la empleabilidad de los hombres, de forma preferente.
Mujeres referentes en la vida política de Canarias
Los partidos y sindicatos de la II República incorporaron la presencia activa de las mujeres en la vida política. No era una realidad que nacía de la nada, en las décadas anteriores numerosas mujeres estuvieron reivindicando un papel político activo en muchos de los principales países del globo.
En Santa Cruz de Tenerife, en julio de 1919, se había conformado una Agrupación Femenina Socialista. Una joven que también ejercía de costurera, llamada Isabel González, conocida después bajo el seudónimo de Azucena Roja. Ella fue la impulsora inicial de este espacio. Isabel consiguió hacerse oír en los actos y mítines, presidiendo este espacio de representación.
En octubre de 1919 “hizo un brillante discurso laborando por la emancipación de la mujer, siendo interrumpida en diferentes ocasiones por los clamorosos aplausos del auditorio”. Su labor fue clave en esta larga etapa que llevó a la República, momento en el que transitó a una militancia en el PCE, convirtiéndose en la primera concejala municipal en la capital tinerfeña, en 1936.
En Gran Canaria destacó el caso de Elsa Wolf. Esta alemana de nacimiento, recaló en las Islas a raíz de las persecuciones que el nazismo aplicó contra cualquier ideología opuesta a sus planteamientos. Su labor cultural, social y activista, en defensa de la clase trabajadora isleña, la puso en primera línea en las acciones en defensa de la República, tras el golpe del 18 de julio de 1936, que acabó con un proceso en 1937, acusada de ser una de las dirigentes del grupo obrero que defendió Telde de los militares. Terminó siendo condenada a la pena de muerte en un proceso que también incluyó a su marido, Juan del Peso Díaz Corralejo, además de Juan Santana Hernández, José Artiles Viera y Juan Santana Ascanio. La suerte quiso que ella quedara amnistiada, siendo forzada a vivir desterrada durante un tiempo en la isla de El Hierro. El resto de sus compañeros fueron fusilados en el campo de tiro de La Isleta.
Otro caso significativo fue el de las mujeres acusadas por los llamados Sucesos de Hermigua, en La Gomera, de marzo de 1933. Una huelga acabó derivando en un choque con las fuerzas de la Guardia Civil, que dejó a dos guardias y un obrero sin vida.
Tres mujeres fueron señaladas por su papel en esa explosión social, María Hernández, Catalina Hernández y Antonia Gutiérrez. La presencia de mujeres en la primera línea de esa lucha contra el desempleo y el caciquismo en la isla fue muy reseñada, tanto en el juicio celebrado tras los incidentes, como por los periodistas. En un mundo liderado por hombres, resultaba extraordinaria la actitud de estas mujeres.
María Hernández, procesada junto a su padre, Antonio Hernández, era conocida como La Rubia, siendo señalada a sus 21 años como una de las que estuvo en la primera línea. Según la crónica periodística lo hizo al grito de “¡Viva la Federación!, ¡Vivan los obreros!, y llevando una piedra en la mano, reta a los grupos con la frase de “si los hombres no tienen pantalones, las mujeres los tendrán.”. Luis Jiménez de Asúa, uno de los abogados defensores, resaltó que el papel de estas mujeres no fue único, ya que “no se hace cosa distinta que lo que realizaron cincuenta o sesenta mujeres de Hermigua que no están sentadas en el banquillo: dar gritos y vivas”.
El Fiscal militar del caso no pudo evitar decir que “los hombres son los que con sus rebeldías y sus pasiones dan a cada época su sentido beatífico, pero que el nervio, el carácter sañudo o amable de la época sólo lo modela la mujer”, indicando la preocupación de un amplio sector de la sociedad más conservadora ante los avances de las mujeres en esa etapa histórica. Esta hipótesis se confirma cuando en el mismo discurso señaló a María Hernández, acusándola de que “abandonó al marido, que se hallaba enfermo, y corrió al Palmarejo, siendo vista entre los grupos hostiles a la fuerza pública, no siendo mera espectadora, sino la verdadera caudilla”.
La presencia de mujeres en el ámbito sindical es otro aspecto importante. En el sector donde destacó especialmente el liderazgo femenino fue en la industria tabaquera, donde las mujeres eran una parte significativa de un sector industrial que aglutinaba a varios miles de empleados en el Archipiélago. Desde el primero de mayo de 1931 ya hay datos sobre presencia de “una representación de operarías tabaqueras, que portaban una bandera roja”. En una de las numerosas huelgas de sector, en junio de 1933, la prensa destacará como en las manifestaciones “figuraban muchas obreras tabaqueras, que se sumaron al movimiento, recorrieron la población durante todo el día”. En julio de 1935, durante la huelga tabaquera en Gran Canaria, se produjeron detenciones de huelguistas, que provocó que unas setenta u ochenta tabaqueras marcharan al muelle de Santa Catalina, “con el fin de impedir que sus compañeras quedaran detenidas”. Algunas de las figuras más importantes de este sector tendrán papel en las directivas sindicales, siendo, junto las maestras, uno de los pocos sectores donde el discurso de igualdad tomaba forma de papel directivo.
Formaron parte de la directiva de este sector, claramente ligado a la CNT, trabajadoras como Isabel Tabares Tabares, tesorera del ramo durante 1934, que tras un periplo por las prisiones franquistas regresó a Tenerife a morir, en 1941. También fueron directivas María Luisa Hernández Remón, que fue vocal, además de Isabel Hernández Marichal, que ostentó la vicepresidencia del poderoso sector. Otras sindicalistas destacadas fueron Carmen Goya, Micaela Rodríguez Bello o la palmera Margarita Rocha Mata.
A pesar de los intentos de revertir algunos de los triunfos logrados, la victoria del Frente Popular en febrero de 1936 permitió retomar el camino perdido y frenar esta dinámica de retrocesos. Durante esos meses muchas personas pensaron que no había vuelta atrás, hasta que el franquismo desató su terror.
La vuelta de la mujer tradicional, vestida de azul mahón
Los golpistas venían de la mano de los sectores más tradicionalistas. Se miraban en el espejo de los países donde sus ideales habían triunfado, como la Alemania nazi o la Italia fascista. Para este espectro político las mujeres solo debían aspirar a ser esposas, madres o religiosas.
Con la dictadura se aplicaron medidas como tratar de limitar su acceso a la educación superior, y con el fuero del trabajo de marzo de 1938 se estableció que el estado “liberará a la mujer casada del taller y de la fábrica”. Un ejemplo de estas prácticas lo encontramos en los libros de actas municipales. Es el caso del Ayuntamiento de La Laguna que el 18 de septiembre de 1940, donde los concejales y el alcalde franquista se hicieron eco de la orden del Gobernador Civil que acordaba la “sustitución por excombatientes de las señoritas empleadas en las oficinas municipales”, estableciéndose su salida “en orden inverso al de antigüedad de su entrada”.
Todavía quedaban mayores retrocesos, el Código Penal de 1944 convertía a la mujer en una propiedad de su marido, se permitía el asesinato en caso de adulterio, igual que al padre hasta los 23 años de edad…. una norma que se mantuvo así hasta 1961. Ese mismo año se aprobó la Ley de Contrato de Trabajo, se obligaba a las mujeres casadas a pedir el consentimiento a su marido para poder acceder al mundo laboral, además, el consentimiento del marido era necesario para usar el dinero que ganaba, para comprar o administrar bienes, firmar contratos de cualquier tipo, hasta para testificar en los juicios, muchas fueron normas que se mantuvieron hasta la vuelta de la democracia. Habían pasado menos de diez años, entre 1933 y 1944, pero se abría un abismo en derechos.
Instituciones como Acción Católica o la Sección Femenina de Falange, fueron vías para adoctrinar a las jóvenes en los valores tradicionales. En 1941, se creó el llamado Patronato de Protección a la Mujer, dependiente del Ministerio de Justicia, y las Prisiones especiales para “regeneración y reforma de mujeres extraviadas”. Estas fueron nuevas herramientas con las que se institucionalizaba la persecución contra aquellas mujeres que se salían de los marcos de ese marco estrecho imperante.
Como en el resto de la sociedad, la recuperación de buena parte de los derechos políticos y sociales alcanzados por las mujeres tuvo que esperar hasta la muerte del dictador, donde el papel de las organizaciones feministas volvió a ser fundamental.
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