Los responsables en el sector del transporte sanitario de CC.OO. Canarias reclamaron al Gobierno de Canarias el rescate del transporte sanitario y su internalización como solución, así como “el respeto institucional y el mirar más” a los técnicos de emergencias sanitarias que “somos los que nos quedamos, no a las empresas vienen y van”, mientras denunciaron la fiscalización “ineficaz” sobre las adjudicatarias, apuntando que “les sale rentable incumplir” ya que “ven en los servicios públicos una oportunidad de negocio”.
El responsable del sector de ambulancias, Enrique Espi, acusó a la Consejería de Sanidad de haber intervenido “de forma negativa” en el conflicto abierto por las condiciones laborales del transporte sanitario y de “priorizar los intereses de las empresas” adjudicatarias frente a los trabajadores. Volvió a reiterar que la consejera “no se ha reunido con ambas partes” para tratar de desbloquear la negociación, pues solo se ha reunido con la parte empresarial.
Recordó que el sector arrastra un “problema histórico de precariedad laboral y económica”, cifrando en cerca del 25% la pérdida de poder adquisitivo acumulada por los trabajadores, con salarios que en algunos casos no alcanzan el salario mínimo interprofesional. Reclamó que la actualización salarial “se aplique durante 2026 con carácter retroactivo desde el 1 de enero” y rechazó la maniobra empresarial para que los trabajadores tengan que esperar hasta finales de 2027 o comienzos de 2028, cuando previsiblemente entre en vigor la próxima adjudicación del servicio. “Los técnicos en emergencias sanitarias hemos dicho basta”, aseveró.
Reiteró la gran “responsabilidad” que asumen quienes prestan la primera atención sanitaria extrahospitalaria, técnicos titulados y formados continuamente para dar lo mejor de sí, mientras reciben el maltrato del Servicio Canario de Salud.
Este conflicto afecta a unas 2.500 familias y estas condiciones laborales provocan la fuga de profesionales hacia otros sectores. Muchos profesionales deben realizar “un elevado número de horas extraordinarias o buscar un segundo empleo para llegar a final de mes”, denunció, con el impacto sobre la conciliación familiar.
Espi defendió la internalización del transporte sanitario como solución estructural y reprochó a la Consejería de Sanidad que mantenga “en un cajón el estudio acordado para analizar la viabilidad de asumir directamente el servicio”.
También acusó al SCS de ejercer una “fiscalización ineficaz” sobre las adjudicatarias y apuntó que a las empresas “les sale rentable incumplir” las condiciones del contrato, ante la falta de inspecciones y penalizaciones efectivas. Entre otros, se utiliza menos personal o menos vehículos de los abonados con fondos públicos, o hay ambulancias con un millón de kilómetros y un mantenimiento deficiente.
El secretario general de la FSC de CC.OO., Pedro Costeras, recordó que el transporte sanitario es un servicio público esencial, por lo que el SCS tiene responsabilidad sobre su calidad y sus condiciones de prestación.
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