El Gobierno de Canarias ha ordenado la ejecución de un sistema de baterías vinculado a la planta fotovoltaica de Los Vallitos, en Adeje, mediante un decreto que sortea la disconformidad expresada por el Cabildo de Tenerife con respecto al planeamiento insular.
La decisión, publicada ayer en el Boletín Oficial de Canarias, obliga además a adaptar el planeamiento urbanístico municipal en su próxima revisión sustancial.
El proyecto, de la empresa San Eugenio, S.A., consiste en tres bloques de baterías de ion-litio de 3,2 megavatios por hora cada uno y una línea subterránea de media tensión, para hibridar el almacenamiento con la planta solar de 4,8 megavatios.
Los terrenos están adscritos, según el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT), a un Área de Regulación Homogénea de Protección Ambiental 1, dentro de la subcategoría de Laderas. El Cabildo ya señaló esa incompatibilidad en una instancia en 2023, durante la tramitación de la planta original, y la ha vuelto a reiterar el 2 de junio de 2026, ya sobre el proyecto reformado por el Ejecutivo regional.
Por su parte, el Ayuntamiento de Adeje, con audiencia concedida el 25 de marzo, no emitió informe. Ante ese doble obstáculo, el Ejecutivo regional, finalmente, recurrió al artículo 6 bis de la Ley 11/1997 del Sector Eléctrico Canario, que de forma forzosa le permite decidir sobre proyectos disconformes con el planeamiento cuando aprecia “urgencia” y/o “interés general”. Un informe de la Dirección General de Energía del 3 de octubre de 2025 ya había descartado la vía ordinaria por la clasificación del suelo.
reducir vertidos
El decreto se sustenta en las declaraciones autonómicas de Emergencia Energética (2023) y Emergencia Climática (2019), y calcula que la instalación aportará 7.335 MWh anuales al subsistema Tenerife-La Gomera, reduciendo vertidos de los parques solares. Por su parte, la Dirección General de Calidad Ambiental resolvió favorablemente el impacto ambiental el 27 de marzo, sin efectos adversos significativos, y el decreto estima en 6.051 toneladas la reducción anual de CO2. La inversión prevista es de 2.325.408 euros.
Contra el decreto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recursos potestativos de reposición ante el Gobierno de Canarias en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en dos meses.
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