Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones a la modificación de la Ordenanza Reguladora del Tráfico en la isla de La Graciosa para exigir la prohibición total de las excursiones con vehículos a motor. La organización ecologista reclama que la circulación en la Octava Isla se limite exclusivamente a emergencias, residentes con causas justificadas y tareas de gestión del Parque Natural.
El colectivo conservacionista solicita formalmente que el transporte de visitantes dentro de este espacio protegido sea sustituido por un programa de visitas guiadas a pie o en bicicleta. Según argumenta la asociación, esta medida es la única coherente con la “especial fragilidad ambiental” del territorio graciosero. Además, defienden que el transporte entre los núcleos de población de la Isla sea de carácter público y colectivo, obligando a que el acceso a enclaves turísticos como la playa de Las Conchas, Montaña Amarilla o la playa Francesa se realice únicamente a pie o en ciclocomputador.
Una ampliación de dos a 15 vehículos de excursión
La propuesta de cambio normativo contempla un incremento notable en la flota autorizada, al pasar de los dos vehículos destinados a excursiones permitidos en el año 2005 a un total de 15 en la nueva redacción. Para Ecologistas en Acción, esta modificación “no se encuentra suficientemente justificada” desde los puntos de vista técnico, jurídico y ambiental, y advierten de que la medida pone en riesgo directo los objetivos de conservación de uno de los espacios naturales con mayor valor ecológico de Canarias.
La ordenanza actual, vigente desde el año 2005, se diseñó bajo el principio de excepcionalidad para el tráfico motorizado, dando prioridad absoluta a los desplazamientos peatonales y ciclistas. La organización recuerda que el impacto ambiental en La Graciosa no depende solo del número de coches, sino de factores como la frecuencia de los trayectos, el tránsito continuo sobre pistas de tierra, la compactación del suelo, la generación de polvo, el ruido y la alteración del paisaje, que terminan por perturbar a la fauna silvestre local.
El Tribunal Supremo frena la pérdida de protección ambiental
En el documento de alegaciones presentado, el colectivo fundamenta su postura jurídica citando la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El alto tribunal ha señalado en reiteradas sentencias que las administraciones públicas no pueden reducir el nivel de protección ambiental ya consolidado en un espacio protegido sin una justificación reforzada.
De este modo, los ecologistas apelan al principio de no regresión del derecho ambiental, un precepto legal que actúa como un límite estricto a la potestad discrecional de la administración e impide dar pasos atrás en la conservación de la naturaleza en el Archipiélago.
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