La noche del 14 de marzo de 1936 quedó inmortalizada en una fotografía aparentemente institucional. En ella aparecen varias de las principales figuras políticas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife reunidas para recibir al nuevo gobernador civil. Nadie podía imaginar entonces que aquella instantánea terminaría convirtiéndose en uno de los testimonios más elocuentes del drama que estaba a punto de desencadenarse en Canarias.
Apenas dieciséis meses después, cuatro de los protagonistas de aquella imagen habían sido asesinados, víctimas de la represión franquista. Dos fueron ejecutados tras procedimientos judiciales sumarísimos; otros dos desaparecieron a manos de las denominadas «brigadas del amanecer», grupos encargados de las ejecuciones extrajudiciales durante los primeros meses de la dictadura.
La fotografía resume el final de una época. También representa el destino de decenas de autoridades civiles, cargos municipales, sindicalistas y ciudadanos que defendieron la legalidad republicana cuando el golpe militar del 18 de julio de 1936 puso fin al sistema democrático.
Según las investigaciones del historiador Sergio Millares Cantero, entre 1936 y 1940 se produjeron en Canarias 122 ejecuciones oficiales. Tras consejos de guerra sin garantías reales de defensa, fueron condenadas a muerte cincuenta personas en Tenerife, veintinueve en Gran Canaria, seis en La Palma, seis en La Gomera y treinta y una en los territorios españoles en el continente africano. A estas cifras habría que añadir las víctimas de desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales, cuyo número continúa siendo objeto de investigación.
En la imagen aparecen, de izquierda a derecha, Isidro Navarro; Teresa Tamayo, esposa del gobernador civil; Manuel Vázquez Moro; José Carlos Schwartz, entonces gobernador interino y futuro alcalde de Santa Cruz de Tenerife; y José María Martín, uno de los hombres de confianza del republicanismo tinerfeño. Aquella noche daban la bienvenida al último gobernador civil nombrado por la Segunda República antes del estallido de la Guerra Civil.
Un gobernador para tiempos difíciles
Manuel Vázquez Moro había nacido en Galicia en 1901 y desarrolló gran parte de su vida profesional en Cádiz como piloto de la marina mercante. Su nombramiento como gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife apareció publicado en la Gaceta de Madrid el 5 de marzo de 1936, avalado por una trayectoria de compromiso político con Acción Republicana e Izquierda Republicana.
Su llegada se produjo en un momento especialmente delicado. La victoria electoral del Frente Popular había reactivado las expectativas de cambio social, pero también había intensificado la polarización política. En Canarias, además, se encontraba destinado el general Francisco Franco, cuya hostilidad hacia el régimen republicano era ampliamente conocida.
Desde sus primeras declaraciones públicas, Vázquez Moro intentó transmitir una imagen conciliadora. Prometió actuar como mediador entre los intereses de las islas y el Gobierno central, además de buscar soluciones a los conflictos sociales que afectaban al archipiélago. Durante los 127 días que permaneció en el cargo mantuvo una intensa actividad negociadora con sindicatos, empresarios y organizaciones políticas.
Junto a él trabajaba Isidro Navarro, periodista, escritor y telegrafista nacido en Almería en 1910. Instalado en Tenerife desde comienzos de la década de 1930, ejercía como secretario personal del gobernador y compartió con él tanto la defensa de la República como el destino final.
Otro de los protagonistas de la imagen era José María Martín, destacado dirigente de Izquierda Republicana y segundo teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Su actividad política le había convertido en una figura clave en la resolución de conflictos laborales y en la articulación del proyecto reformista impulsado por el Frente Popular.
Mientras tanto, en la provincia de Las Palmas ejercía como gobernador civil Antonio Boix Roig, abogado valenciano nombrado apenas unas semanas antes del golpe militar. El tuvo mejor suerte, aunque fue detenido por los sublevados, terminaría siendo una de las pocas autoridades republicanas de alto rango que lograron salvar la vida.
El golpe y la represión
El 18 de julio de 1936 marcó un punto de no retorno. La ocupación de gobiernos civiles, ayuntamientos y centros estratégicos fue una de las prioridades de los militares sublevados. En Tenerife, Manuel Vázquez Moro fue detenido junto a su secretario poco después de conocerse el levantamiento.
Apenas tres meses antes, en las celebraciones del día de la República, José Carlos Schwartz y Manuel Vázquez Moro estaban escoltando a Franco entre las autoridades centrales que presidían el acto oficial. A esos hombres que conoció y con los que compartió tiempo, el general permitió que fueran asesinados en octubre de ese mismo año.
Las autoridades militares justificaron el giro mortal de la represión aludiendo a la resistencia organizada en torno al Gobierno Civil. Según los testimonios recogidos en los procedimientos militares, varios centenares de personas, apoyadas por miembros de la Guardia de Asalto, intentaron oponerse al golpe. Durante la tarde, un breve intercambio de disparos provocó la muerte de dos hombres: el guardia de asalto Francisco Muñoz y el golpista Santiago Cuadrado.
Aquellos hechos sirvieron como argumento para construir una causa judicial destinada a ejemplificar las consecuencias de cualquier oposición al nuevo poder. Vázquez Moro e Isidro Navarro fueron encarcelados en Paso Alto y sometidos a un consejo de guerra que numerosos investigadores consideran profundamente manipulado.
La primera sentencia no contemplaba la pena de muerte. Sin embargo, las presiones de los sectores más radicales del nuevo régimen lograron reabrir el procedimiento. Finalmente, ambos fueron condenados a muerte.
Al amanecer del 13 de octubre de 1936 fueron fusilados en la batería militar de Barranco del Hierro. El cuerpo del gobernador fue enterrado en una fosa común del cementerio de Santa Cruz de Tenerife. Casi noventa años después, sus restos no han sido recuperados. Tampoco los de ninguna de las otras víctimas de las brigadas del amanecer y casi todas las fusiladas.
José Carlos Schwartz, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, fue detenido en su domicilio el mismo 18 de julio. Diversos testimonios relatan que sufrió humillaciones y malos tratos durante su cautiverio. Meses después le comunicaron que iba a ser puesto en libertad. Nunca volvió a reunirse con su familia. Todo indica que fue asesinado extrajudicialmente.
José María Martín corrió una suerte similar. Como tantos otros represaliados canarios, desapareció sin dejar rastro. Las investigaciones apuntan a que pudo ser arrojado al fondo del océano cerca del pueblo de San Andrés, una práctica repetida noche tras noche durante los primeros meses de la represión franquista en el archipiélago.
La memoria de una ausencia
La experiencia canaria constituye una de las paradojas más significativas de la Guerra Civil española. En las islas no existió un frente de guerra ni se produjeron grandes enfrentamientos armados. Sin embargo, la represión fue intensa y sistemática. El nuevo régimen consideró prioritario eliminar a quienes representaban la legalidad republicana y cualquier posibilidad de resistencia política.
Por ello, la fotografía tomada en marzo de 1936 posee hoy un extraordinario valor histórico. Más que un simple retrato institucional, constituye el último testimonio visual de un grupo de hombres y mujeres que simbolizaron la defensa de la democracia en Canarias durante sus horas más difíciles.
Noventa años después, sus historias siguen recordando que la violencia política no necesitó campos de batalla para desplegar toda su crudeza. Bastó la voluntad de borrar a quienes encarnaban un proyecto democrático que los vencedores estaban decididos a destruir.
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