Puertos Canarios abrió ayer un periodo de información pública sobre la solicitud de prórroga excepcional de la concesión que ampara la explotación del puerto deportivo Puerto Colón, en Adeje. La solicitud de prórroga plantea una extensión de 25 años del título concesional, lo que llevaría su vigencia hasta 75 años en total desde el otorgamiento inicial, el máximo permitido por la normativa canaria.
El expediente incluye un informe técnico favorable del Director Gerente de Puertos Canarios que da por acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos, además de valorar el estado actual de las instalaciones portuarias como “bueno” y da inicio formal a la tramitación de la prórroga mediante resolución del 24 de julio.
La concesionaria, a su vez,, se compromete a ejecutar una inversión total de 20.29.583 euros. Entre las actuaciones previstas figuran un nuevo viario de acceso, una rampa, una nueva plaza, un edificio comercial, la dársena de varadero y una escuela de deportes náuticos. El resto de la inversión comprometida corresponde a obras de mantenimiento y reposición de las instalaciones.
La concesión originaria fue otorgada el 7 de diciembre de 1983 por el Consejo de Ministros, por un periodo de cincuenta años a contar desde la notificación del acuerdo, que tuvo lugar el 28 de diciembre de ese mismo año. Según consta en el informe técnico del expediente, la vigencia del título vence el 29 de diciembre de 2033.
Esa fecha de vencimiento, sin embargo, ha sido objeto de una interpretación distinta, según recogió en su momento una investigación del medio eldiario.es. En agosto de 2022, la Dirección General de la Costa y el Mar, entonces dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, remitió al Gobierno de Canarias un informe en el que analizaba el estado de la concesión a raíz de una solicitud de obras presentada por la empresa.
Aquel informe estimaba que la concesión otorgada en 1983 se habría extinguido el 29 de julio de 2018, al aplicarse el límite de treinta años que la Ley de Costas de 1988 fijó para los títulos anteriores a su entrada en vigor, con independencia del plazo de cincuenta años reconocido originalmente.
El mismo criterio se hacía extensivo, según esa documentación, a otras once concesiones portuarias del Archipiélago.
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