La sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santa Cruz ha acordado ratificar la medida cautelar que paraliza las actuaciones de tala contempladas en el proyecto modificado del Ayuntamiento capitalino para la demolición de la iglesia de San Gerardo, en el barrio La Salud, donde habían comenzado las obras para construir un aparcamiento para 80 plazas.
El nuevo auto, firmado por el juez Roi López Encinas, notificado a las partes el pasado jueves, confirma la suspensión cautelarísima dictada la semana pasada, al desestimar las alegaciones municipales presentadas al primer recurso promovido por la asociación Los Árboles Hablan.
El conflicto se remonta a la resolución dictada por el Ayuntamiento el pasado 27 de abril, mediante la cual se aprobó el proyecto modificado para la demolición del templo y la rehabilitación de su entorno. Entre las actuaciones previstas, la Corporación planteó la construcción de una nueva zona de aparcamientos e itinerarios de accesibilidad. Sin embargo, el dictamen judicial señala deficiencias en la fundamentación técnica y ambiental de la actuación, como la ausencia de informes fitosanitarios específicos que avalen la manipulación, trasplante o tala de ejemplares.
En la zona afectada, añade, se constata la presencia de especies sujetas a especial protección, como la palmera canaria. Según el juez, a la fecha no consta el informe específico requerido para intervenir sobre estos ejemplares. El auto subraya que el documento técnico presentado por el Consistorio para justificar la tala de arbolado sano basó su criterio en que los ejemplares “no se integraban” en el diseño del nuevo aparcamiento o en las rampas de accesibilidad. Para el juez, este argumento constituye una “mera incompatibilidad” de diseño o física, y no una justificación técnica apta para autorizar la tala.
En los fundamentos jurídicos se invoca el principio procesal de fumus boni iuris (apariencia de buen derecho) a favor de los ecologistas, al considerar “ostensible y manifiesta” la falta del soporte documental adecuado antes de acometer la eliminación del arbolado. Asimismo, examina la ponderación de intereses en conflicto, señalando que la urgencia de habilitar un aparcamiento no prevalece sobre la conservación del medio ambiente urbano. De no haberse mantenido la suspensión cautelar, el juez advierte de que el recurso habría perdido su finalidad legítima, ya que la tala y destrucción de ejemplares habría provocado un daño irreversible antes de que se dicte una sentencia. La resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante el órgano superior jerárquico.
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