Jaime Rodríguez-Arana

Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela.. Catedrático. Presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y de la Spin Off Ius Publicum Innovatio

Los Derechos Sociales Fundamentales

Los derechos sociales fundamentales en cuanto tales tienen sentido porque preservan las condiciones básicas que permitan a la persona existir y vivir con dignidad. Y la dignidad del ser humano reclama por sí misma, ante los Poderes públicos y sociales, que si la persona no es capaz razonablemente de alimentarse, vestirse, vivir bajo techo, educarse

El derecho al mínimo vital

El derecho al mínimo vital es un derecho fundamental que permite que no se quiebre la condición humana. Existen unos derechos sociales fundamentales mínimos que el Estado o la sociedad, según los casos y las posibilidades, deben asegurar y garantizar para evitar la deshumanización de la persona. En este punto, sin embargo, debe quedar claro

Keynes y el Estado

Son muchos los que piensan que el crecimiento continuo y desmedido del Estado en la economía es el rasgo más característico de la evolución de la economía, de la sociedad y de la política del denominado Estado social. El impacto de la crisis económica de 1929 hizo reflexionar sobre la consistencia del mensaje neoclásico. Al

Bauman y la realidad

Zygmunt Bauman, uno de los sociólogos más relevantes de este tiempo falleció no hace mucho en Leeds, en cuya universidad se refugió en la década de los setenta del siglo pasado huyendo del antisemitismo. De nacionalidad polaca, este notable intelectual pasara a la historia del pensamiento por su agudeza y claridad en la descripción de

División y concordia

Los valores democráticos, las llamadas cualidades democráticas, parten del respeto profundo a las personas. En democracia es normal la crítica de las ideas pues la defensa y protección de dignidad que le es inherente o toda mujer, a todo hombre son la base del Estado de derecho. Hoy, sin embargo, estas cuestiones vuelven de nuevo

Prestaciones sociales

Las prestaciones sociales, las atenciones sanitarias y las políticas educativas son bienes de carácter básico que un Gobierno debe poner entre sus prioridades políticas, de manera que la garantía de esos bienes se convierta en condición para que una sociedad libere energías que permitan su desarrollo y la conquista de nuevos espacios de libertad y

Lenguaje y transparencia

El uso y selección de los términos jurídicos o normativos por parte del legislador o del complejo gobierno-administración debe realizarse en función de los términos registrados en el patrimonio o cultura jurídica de un país. En esta tarea se comprueba la influencia recíproca entre lenguaje ordinario y lenguaje normativo, relación más íntima de lo que

Sobre el principio de legalidad

El principio de legalidad, como se sabe, se denominó principio de juridicidad desde sus primeras enunciaciones. Sin embargo, el peso y el poso del positivismo que acompañó los primeros momentos del Derecho Administrativo olvidó la subordinación del poder público al resto del Ordenamiento jurídico, incluidos los principios generales. Los principios generales, especialmente los de racionalidad,

La práctica de la participación

No hay mejor modo de transmitir a las personas la importancia y la necesidad de su participación en los asuntos públicos que practicarla efectivamente. Fue Tocqueville, me parece, el que acuñó esa fantástica expresión que tan bien describe la sintomatología de las democracias enfermas: el despotismo blando. Sí, cuando el efecto de la acción pública

Globalización y calidad de vida

La globalización, qué duda cabe, está alterando las formas de trabajo y, consecuentemente, las condiciones de vida de millones de seres humanos en todo el mundo. En unos casos para bien y, en otros, probablemente los más, para empeorar la calidad de vida de muchas personas. En efecto, la pregunta que surge, la de contemplar

La buena administración en el Estado Democrático y Social de Derecho

La efectividad de los derechos sociales fundamentales depende, al ser esencialmente derechos de prestación de competencia pública, derechos que consisten ordinariamente, constatada la incapacidad de la sociedad para auxiliar a personas en situaciones de necesidades básicas, de que el complejo Gobierno-Administración pública funcione adecuadamente. En efecto, si la Administración sanitaria actúa correctamente, por ejemplo, se

Acceso a la información y buena administración

El derecho fundamental a una buena administración, como es sabido, es un tema de gran actualidad que está presente, por derecho propio, en el debate jurídico administrativo en el ámbito comunitario e iberoamericano. El derecho a la buena administración se ha incorporado con mucha fuerza, y cada vez más, en los Ordenamientos jurídicos contemporáneos. Está