El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife hizo ayer frente común en defensa del antiguo Balneario de la capital, una infraestructura, propiedad del Gobierno de Canarias, que lleva décadas en estado de abandono y cuyos cimientos pueden venirse abajo en cualquier momento. El emblemático edificio, ubicado en la autovía de San Andrés, fue calificado por los grupos municipales como “inmueble querido y patrimonio sentimental” de los chicharreros, por lo que para su salvaguarda solicitaron al Ejecutivo regional acometer el apuntalamiento urgente para salvar, al menos su estructura.
A raíz de una moción del PSOE salió adelante por unanimidad esta propuesta centrada en exigir al Ejecutivo regional la creación de una mesa de trabajo entre administraciones (Gobierno, Cabildo, Autoridad Portuaria y Ayuntamiento) con el objetivo de decidir los futuros usos del inmueble, un proceso en el que, además, se cuente con la participación de los vecinos. Petición también respaldada por la Plataforma en Defensa del Balneario, cuyo portavoz Ángel López, intervino para reclamar que el edificio recupere su protagonismo de antaño, como centro de ocio junto al mar.
López recordó que el Balneario fue impulsado por el alcalde Santiago García Sanabria en los años 20 y desde entonces los tinerfeños pudieron disfrutar de unas instalaciones que albergaron, además, la residencia de descanso anexa José Miguel Delgado Rizo, creada en los 50 y de valor arquitectónico. El complejo cerró en 1992, hasta que el Estado lo cedió en 2013 al Gobierno canario. “Llevamos más de 30 años recogiendo firmas, que hemos presentado en el Parlamento regional, para que se rehabilite el espacio y se recupere su uso. Aunque hubo acuerdo para destinar un millón de euros para salvarlo, la realidad es que hoy sigue en estado lamentable”, añadió.
Por su parte, la portavoz socialista, Patricia Hernández, señaló que “es un inmueble querido en Santa Cruz y hay que evitar su degradación por más tiempo para que no se venga abajo”, argumento que también compartieron los portavoces de Vox y CC, Alejandro Gómez y José Alberto Díaz-Estébanez.
Mientras, la edil de Urbanismo y portavoz del PP, Zaida González, detalló que “el sentimiento de cariño por el Balneario está en todos y, por ello, está incluido en el Catálogo de Protección de Bienes Inmuebles de la ciudad. El Ayuntamiento siempre ha asegurado y defendido su mantenimiento, pero el problema actual es que se encuentra en zona portuaria, donde su plan especial no recoge la parcela. Independientemente del uso que se le dé, la prioridad debe de ser salvarlo”.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, recordó que en 2023 defendió una Proposición No de Ley en el Parlamento para rehabilitar el Balneario y convertirlo en un centro de salud para la población de Anaga. Se disponía de una partida económica para iniciar la redacción del proyecto, pero meses después la Autoridad Portuaria vetó el futuro uso sanitario del inmueble debido a la actividad portuaria cercana. “Gobernando unos u otros, lo que tenemos es que pasar de las palabras a los hechos y actuar. Al menos que se apuntale y se mantenga para que no se caiga, mientras se decide su uso”.
Por otra parte, el pleno aprobó, con la abstención de Vox, una moción presentada por el PP para exigir al Gobierno del Estado y a la Unión Europea la ampliación de los plazos de ejecución de los fondos Next Generation gestionados por el Ejecutivo regional. El concejal de Planificación Estratégica, Carlos Tarife, advirtió de que la fecha límite fijada en junio de 2026 resulta “insuficiente” por la complejidad de los proyectos de descarbonización en marcha, de los que dijo Canarias recibe casi 300 millones de euros.
En otro orden, se acordó instar al Gobierno canario a garantizar la continuidad del servicio público de atención a la infancia, así como el mantenimiento de las plazas y del empleo vinculados a la Escuela Infantil Anaga, mediante su reubicación en otros recursos del Ejecutivo dentro del municipio.
Igualmente, se aprobó por unanimidad otra moción del PSOE para la implantación de subvenciones de carácter bianual para entidades del tercer sector, con el objetivo de dar estabilidad a los proyectos en marcha; así como una moción institucional con motivo del Día Mundial del Párkinson.
También salió adelante, por unanimidad, la moción del PSOE, para garantizar el acceso a agua y servicios básicos a los vecinos del caserío de El Cresal, en Anaga. En nombre de una treintena de afectados habló Pedro Pérez, que dijo que “en nuestras casas seguimos tirando de cubas de agua, placas solares y generadores, pagados de nuestro bolsillo, para subsistir”.
El socialista, Florentino Guzmán, indicó que “este testimonio debería avergonzarnos como representantes públicos. Que haya personas que no tengan derecho a agua ni luz contrasta con el abandono que viven núcleos del Parque Rural”. Al respecto, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, añadió que el Cabildo ha modificado el Plan Rural de Anaga y reconoce este suelo como agrícola, por lo que ya podríamos dar agua. En cuanto se tenga la confirmación llevaremos a cabo la obra”.
Durante el pleno tomó posesión como concejala la socialista Heriberta Ángeles Granado, a quien los grupos dieron la bienvenida. Por contra, se declaró la incompatibilidad del edil del PSOE, Eduardo Medina, por incompatibilidad del acta con su trabajo como personal laboral del Ayuntamiento.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas