El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mantendrá su batalla para evitar la retirada del conocido como monumento a Franco pese a que el Gobierno de Canarias haya descartado definitivamente declararlo Bien de Interés Cultural (BIC).
El alcalde, José Manuel Bermúdez, sostiene que la decisión autonómica no cierra todas las vías disponibles. El Consistorio mantiene un recurso administrativo pendiente, estudia acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa y tramita además una posible protección municipal para el conjunto de Juan de Ávalos.
“El Ayuntamiento va a defender el patrimonio de Santa Cruz con todas las herramientas que la ley pone a nuestra disposición”, afirma Bermúdez.
La posición municipal llega después de que el Gobierno de Canarias haya concluido el procedimiento iniciado para declarar BIC la escultura situada entre la avenida de Anaga y la Rambla de Santa Cruz sin concederle esa protección.
Un recurso para evitar la retirada
Una de las principales vías abiertas es el recurso de alzada presentado por el Ayuntamiento contra la resolución de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática.
Esa resolución incluye el conjunto escultórico en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y establece su retirada.
El recurso todavía está pendiente de resolución.
Santa Cruz solicita que quede sin efecto la obligación de retirar el monumento y fundamenta su posición en las competencias municipales sobre patrimonio, en el catálogo de protección que está tramitando y en diferentes informes técnicos que atribuyen valores artísticos, culturales y urbanos al conjunto.
El Ayuntamiento también ha pedido la suspensión cautelar de la retirada mientras se resuelve el procedimiento. Argumenta que desmontar físicamente la obra podría ocasionar daños estructurales, materiales y estéticos de difícil o imposible reparación.
El escrito municipal advierte además de posibles consecuencias sobre el Fuerte de Almeyda, al considerar que una intervención podría afectar a parte de sus muros perimetrales.
Bermúdez estudia acudir a los tribunales
La segunda vía es judicial. Después de conocerse la decisión definitiva del Gobierno de Canarias de no declarar BIC el monumento, el Ayuntamiento mantiene abierta la posibilidad de presentar un recurso contencioso-administrativo.
El objetivo sería defender judicialmente la posición municipal sobre la conservación de la obra y las competencias del Ayuntamiento en materia de patrimonio.
Bermúdez insiste en que el rechazo al BIC “no elimina las competencias municipales” ni impide que Santa Cruz adopte medidas propias de catalogación y conservación.
“Santa Cruz no renuncia a ejercer sus competencias ni acepta que la protección de nuestro patrimonio quede reducida a una única vía administrativa”, sostiene el alcalde.
Una tercera vía: protegerlo con el catálogo municipal
El Ayuntamiento trabaja además en una vía propia de protección. El Consejo Municipal de Patrimonio Histórico acordó el pasado 27 de julio proponer que se estudie la incorporación del conjunto monumental de la Fuente de Almeyda al Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de Santa Cruz de Tenerife.
La propuesta plantea valorar su inclusión como elemento urbano con protección integral. El acuerdo fue adoptado por unanimidad, aunque el propio Ayuntamiento recuerda que el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico es un órgano asesor y que sus informes no son vinculantes. Por tanto, la propuesta no significa que el monumento haya adquirido ya protección integral.
Los informes que utiliza el Ayuntamiento
El Consistorio basa su posición en varios informes especializados. Entre ellos figuran documentos de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio Histórico (CICOP) y de un arquitecto municipal.
Según la argumentación del Ayuntamiento, esos documentos destacan valores artísticos de la obra de Juan de Ávalos, así como su dimensión histórica, documental, urbana y paisajística.
Uno de los informes municipales considera además que la conservación permitiría estudiar las manifestaciones escultóricas y arquitectónicas del franquismo en Canarias y plantea la posibilidad de una reinterpretación museográfica sin necesidad de eliminar físicamente la obra.
El Ayuntamiento también sostiene que el monumento forma parte del paisaje urbano de Santa Cruz desde 1966 y mantiene una relación visual con el Fuerte de Almeyda.
El rechazo al BIC no cierra el conflicto
La decisión del Gobierno de Canarias supone que el monumento no contará con la máxima figura de protección patrimonial autonómica. Sin embargo, el Ayuntamiento considera que eso no determina por sí solo su futuro.
Actualmente mantiene abiertas tres vías: el recurso de alzada contra la obligación de retirada, la posible presentación de un recurso contencioso-administrativo y la tramitación de una eventual protección dentro del catálogo municipal.
“Vamos a cumplir la ley, como siempre hemos hecho, pero cumplir la ley no significa permanecer de brazos cruzados”, señala Bermúdez. El futuro del monumento a Franco continuará así dependiendo de varios procedimientos administrativos y jurídicos que todavía no están concluidos.
Torres, claro
Por su parte, el Ministerio de Memoria Democrática, presidido por Ángel Víctor Torres, dictó el pasado 30 de junio una resolución que obliga al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a retirar del espacio público, en un plazo de seis meses, el monumento a la Victoria o monumento del Ángel, popularmente conocido como monumento a Franco.
El Ejecutivo central instó al Consistorio, titular de la obra de Juan de Ávalos, a cumplir con la ley estatal tras haber incorporado dicha escultura, junto a otras tres en diferentes puntos del país, en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.
El ministro explicó que retirar estos vestigios es “un acto de dignidad democrática y una garantía de que las nuevas generaciones no hereden espacios públicos presididos por la exaltación del odio y la dictadura” y añadió que, en el caso del monumento de Ávalos, la resolución se produce después de que el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias rechazara su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) por “amplísima mayoría y sin votos en contra”, al “no concurrir valores patrimoniales suficientes que justifiquen la conservación de un monumento cuya finalidad esencial es la exaltación de la dictadura”.
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