El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avaló, en un auto dado a conocer ayer, la concesión de una parcela de monte público del municipio de Puntagorda para la posible instalación del Telescopio de Treinta Metros (TMT, por sus siglas en inglés), dando la razón así al consorcio internacional que promueve el aparato, al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y al Cabildo palmero, que habían interpuesto un recurso contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife -adelantada por DIARIO DE AVISOS- que aceptaba parte de la demanda del colectivo ecologista Ben Magec contra la infraestructura científica.
Esta decisión se fundamenta, entre otros aspectos, en el “interés general” de la iniciativa, el cual, entiende la Sala, quedó patente tras los acuerdos del Gobierno regional, el Congreso de los Diputados y el Parlamento autonómico en los que se mostraba el apoyo unánime de los grupos políticos a los beneficios que puede traer consigo el gigante de la astronomía. De hecho, en la misma línea se alude a la Disposición Adicional 18ª de la Ley 4/2017, del Suelo de Canarias, por la que se considera de “interés general autonómico a la actividad científica que se desarrolla en los observatorios astrofísicos” del Archipiélago.
Una de las principales dudas se cernía sobre la figura del IAC y si estaba facultado para solicitar la cesión de los terrenos, a pesar de que la construcción del TMT no está confirmada, teniendo en cuenta que el grupo promotor sigue considerando a Hawái su opción “preferente” y a La Palma su plan B. Y es que el convenio rubricado entre el IAC y el consorcio condicionaba parcialmente su entrada en vigor a que se expresara claramente la intención de comenzar a edificar en la Isla Bonita.
Ante este debate, el Tribunal sostiene que “es evidente” que existe “un convenio vinculante entre las partes que lo suscribieron, cuya eficacia, en parte, queda propuesta a que se den los condicionantes”, aunque mediante los artículos del acuerdo que empezaban a tener vigencia tan solo con la firma, que tuvo lugar en el año 2017, “se obligaban las partes a la obtención de autorizaciones gubernamentales” que procedieran.
Cabe destacar que la entidad demandante es Ben Magec-Ecologistas en Acción, y ya en la primera sentencia del juzgado tinerfeño se obviaba cualquier consideración de carácter medioambiental, aludiendo, por tanto, a asuntos de tipo administrativo. En este sentido, no es menos reseñable que el expediente por el que el Ayuntamiento de Puntagorda concedió licencia de construcción al TMT incorpora estudios sobre el impacto en la flora y fauna del Pinar de las Ánimas y Juanianes, monte de utilidad pública que acogería la instalación.
REACCIONES
En el día de ayer, la publicación del auto del TSJC generó un importante revuelo a un lado y otro del Charco: en tierras hawaianas, por la trascendencia que tiene el hecho de que la alternativa al monte de Mauna Kea, que los nativos consideran “sagrado” según su cultura, pueda ser viable; y en Canarias, porque se allana el escenario para albergar la que aspira a ser la mayor inversión científica de nuestro país y el telescopio más potente y avanzado del mundo.
Además, de recaer en La Palma, se daría un impulso al tejido productivo local, que quedó seriamente dañado por la afección del volcán de Cumbre Vieja a finales del año pasado. Un aspecto en el que puso el acento el delegado del Gobierno en las Islas, Anselmo Pestana, afirmando en sus redes sociales que, con la decisión judicial, gana enteros “una isla necesitada de estos impulsos, necesarios para su economía y respetuosos con la naturaleza”.
Por su parte, el actual presidente del Cabildo, Mariano H. Zapata, destacó que “esta sentencia viene a avalar lo que hemos defendido siempre” desde la institución insular “y allana el camino a una infraestructura fundamental”.
La plataforma La Palma Quiere el TMT también se pronunció, calificando el auto de “una gran noticia”, dado que se “dictamina la viabilidad de la cesión del suelo para la construcción” del aparato.
En cuanto al Instituto de Astrofísica de Canarias, resaltaba que “esta decisión pone de manifiesto que el IAC es una institución respetuosa con la legislación vigente y con el medio ambiente”. “Nuestra misión”, dijo, es promover “la astronomía sostenible”.
El estudio de la NSF en Hawái, crucial para la viabilidad del proyecto
La Fundación Nacional de Ciencias (NSF) de Estados Unidos está llevando a cabo un estudio sobre el nivel de aceptación popular al TMT en Hawái, vista la oposición de un sector importante de la comunidad nativa, que entiende que se pretende “profanar” su montaña “sagrada”. Es por eso que el pasado mes de agosto se celebraron varios encuentros entre los científicos y grupos Kia’i, en los que, de acuerdo con la prensa de la isla del Pacífico, se percibió tensión y poca predisposición a ceder por parte de los opositores al proyecto.
El papel de Washington resulta crucial. En primer lugar, porque tantea la posibilidad de invertir 800 millones de dólares en la infraestructura, lo que le otorgaría el estatus de socio mayoritario frente a los otros países: China, Japón, India y Canadá. Por otro lado, esa inyección de recursos garantizaría la viabilidad económica del aparato, que se había puesto en duda por los retrasos derivados de la manifestaciones y, además, la pandemia de la COVID-19.
La sentencia del TSJC hace que la opción palmera gane enteros, en la medida en que se antoja difícil la construcción en Hawái, dado el enrocamiento de los colectivos nativos.
Los eurodiputados destacan que es un espaldarazo para la opción palmera
El eurodiputado canario Juan Fernando López Aguilar (PSOE) puso en valor ayer, en declaraciones al DIARIO, que “en la estrategia de las regiones ultraperiféricas 2021-27 es crucial el papel de estos territorios como laboratorios de biología marina y astrofísica”. De ahí que manifestara su satisfacción con que “se saquen trabas jurídicas” al TMT. Por su parte, el también miembro de la Cámara Gabriel Mato (PP) resaltó que el Tribunal “avala la tesis defendida por el consorcio” y permite “seguir apostando por las ciencias”
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